Entre 1994 y 2006, unas 40 personas han sido condenadas en al menos 26 sentencias de encarcelamiento y multa, a veces con indemnización y alguna con agravante de reincidencia, por otros incendios forestales en los que murieron tres personas en total.

Las sentencias, cuyo número es imposible determinar con exactitud porque no existe un registro por delitos y algunas no trascienden a los medios de comunicación, se aplican en virtud del Código Penal.

La ley establece prisión de uno a cinco años por el incendio forestal y de 10 a 20 si también hay peligro para la vida humana, con multas de 12 a 18 meses y de 12 a 24, respectivamente.

Si el fuego no se propaga, el castigo será de seis meses a un año y multa de seis a 12 meses; y si son condenas inferiores al año, el causante no ingresará en prisión.

Entre la decena de penas superiores a los 12 meses de prisión, sobresalen los 10 años de cárcel y una multa de 150.000 euros que la Audiencia de Valencia impuso el 2 de abril de 1996 a un hombre por un fuego que abrasó 5.300 hectáreas de bosque en 1994. Su abogado anunció que recurriría.

Varias de las sentencias fueron confirmadas por el Tribunal Supremo o dictadas como la de seis años y cuatro meses de prisión mayor al responsable de un hoguera en Ponjos (León), que causó en abril de 1995 un incendio de 300 hectáreas y la muerte de tres operarios de extinción.

El Supremo confirmó el 31 de enero de 2005 los cinco años de cárcel contra un hombre en Altea (Alicante) que encendió unas velas en el solsticio de verano, lo que dio lugar a un incendio de tres hectáreas forestales que afectó a un grupo de viviendas desalojadas.

Sentenció a cuatro años, dos meses y un día a un hombre que en mayo de 2004 roció con gasolina dos fincas colindantes en Calles y Domeño (Valencia), lo que originó un incendio de 5.000 hectáreas.

El Tribunal condenó a dos años de prisión menor y a pagar 4.800 euros a un grupo de jóvenes que lanzaron una bengala desde un coche en Cerdanyola del Vallés (Barcelona), que quemó 860 metros cuadrados.

El 21 de enero de 1999, condenó a otro hombre a 10 meses de prisión y una multa de 42.000 euros por delitos contra el medio ambiente e imprudencia temeraria por la auto-ignición de residuos orgánicos en Palma de Cervelló (Barcelona) en julio de 1995, lo que arrasó 6,4 hectáreas.

El vecino de Triacastela (Lugo) José Torres Iglesias, ya castigado a cinco años de prisión menor y 3.000 euros en 1994, fue condenado posteriormente en varias ocasiones y sentenciado el 6 de marzo de 2002 por la Audiencia Provincial a un año con la agravante de reincidencia por quemar 2.700 metros de monte bajo.

La Audiencia de Barcelona sentenció el 18 de junio de 2001 a un incendiario a dos años y tres meses de cárcel y una indemnización de 134.025 euros para la Generalitat por prender una pista forestal en once puntos, con el resultado de 4.100 metros cuadrados quemados.

El 19 de abril de 1999, la Audiencia de Orense condenó a Benito Escudero Vega a dos años y el pago de 18.000 euros por quemar 10 hectáreas de monte en julio de 1996 con la cerilla de un cigarrillo.

El juzgado de lo Penal 11 de Barcelona condenó el 3 de noviembre de 1998 a un voluntario de Protección Civil de Vilanova del Camí (Barcelona) a 18 meses de prisión, multa 30.000 euros y pagar a la Generalitat 27.650 euros por seis incendios en 1995, que arrasaron 14 hectáreas.

El juzgado de lo Penal de Zamora condenó a un año y medio de prisión, una multa de 1.690 euros y una indemnización de 204.000 euros para la comunidad autónoma a un ciudadano portugués el 6 de septiembre de 2001 por imprudencia en la Reserva Regional de Caza de la Sierra de la Culebra en junio de 1999, con 800 hectáreas abrasadas.

La Audiencia de Barcelona condenó el 2 de mayo de 2002 a los ex alcaldes de Corbera de Llobregat Enric Urgelles Xancó (CiU) y Pere Alegrí (PSC) a nueve y 15 meses de prisión e inhabilitación, respectivamente, y multas de 45.076 euros por incendios con origen en quemas de un vertedero ilegal.