6 Enero 2003

Empresarios franceses estudian una querella civil contra España

En el sumario abierto a raíz de la marea negra provocada por el Erika figuran como acusados el armador, el capitán, la compañía que fletó la carga y tres altos funcionarios de la Prefectura Marítima del Atlántico, institución gubernamental gala.

Al margen de las diligencias indagatorias abiertas por el Juzgado Especial contra la Polución Marítima en la Costa Atlántica, con sede en Brest, los empresarios ostricultores y turísticos de Aquitania han encargado a un bufete de abogados de Burdeos que estudie la presentación de una querella civil contra los responsables del buque y contra «aquellas personas e instituciones, sean nacionales o extranjeras, que por inhibición, complicidad o negligencia» hayan contribuido voluntaria o involuntariamente a la comisión de los delitos de polución por hidrocarburos, poner en peligro vidas humanas y daños a terceros.

En la costa oeste francesa casi nadie duda de que el Gobierno español, incluidos los altos funcionarios que participaron en la toma de decisiones, tendría que ser emplazado por la Justicia para explicar por qué permitió que un petrolero que perdía carga deambulara varios días por un área de miles de kilómetros cuadrados y en la que existen corrientes dominantes conocidas, razón por lo que las autoridades españolas «sabían o deberían saber» que el fuel alcanzaría las costas occidentales de la Península, las de Francia y, probablemente, las de Irlanda.

Ayer, 2.500 hombres, la mayoría empleados municipales y de Protección Civil, doce barcos, seis aviones y tres helicópteros se movilizaron para hacer frente a la llegada del fuel, a los que se sumaron 400 ostricultores, dos barcazas de la industria acuícola y doce pesqueros. En tierra, se reforzaron las barreras en Arcachón mientras se controlaba la deriva de una gran mancha situada a 50 millas al oeste de la isla de Yeu.

Félix Soria, Enviado especial de La Voz en Francia