2 Enero 2003

Cascos admite que no tiene informes para justificar el alejamiento del 'Prestige'

El Ministerio de Fomento puede carecer de parte de la información documental que el Juzgado de Instrucción número 1 de Corcubión desea incorporar al sumario a petición del fiscal. Lo reconoció de forma indirecta el propio ministro, Francisco Álvarez Cascos, al ser preguntado sobre la posibilidad de que alguno de los textos que reclama la Justicia simplemente no existan. El máximo responsable de Fomento contestó: «Tiene usted razón, en las emergencias se toman decisiones con urgencia amparándose en la capacitación técnica y personal de los que las toman».
Posteriormente, los comentarios de Cascos evidenciaron lo que ya se sospechaba: que gran parte de los acuerdos e informes técnicos se realizaron de forma verbal. «Todo lo que hay desde la constitución del operativo será enviado al juez; lo que no hay será imposible que se pueda enviar», aseguró el ministro. En todo caso, anunció que el archivo documental que obra en poder de Capitanía Marítima será puesto a disposición del juez «con celeridad».
Respaldo de Fraga
El presidente de la Xunta, Manuel Fraga, respaldó las declaraciones de Cascos y también dejó entrever que parte de la documentación solicitada no existe, aunque recalcó que se hará lo posible «por complacer todas las peticiones». «Si se piden muchos informes de lo que hay que hacer con el barco -añadió Fraga-, se tarda dos meses en sacarlo de allí».
Así y todo, el presidente del Gobierno gallego cree que los tribunales «tienen libre su facultad de pedir los papeles que hagan falta y de sacar las consecuencias que tengan por convenientes», señaló en referencia a que las peticiones del Ministerio Fiscal abran una vía para investigar las responsabilidades de los miembros del Centro de Coordinación de Operaciones (CECOP) en la tragedia ecológica provocada por el Prestige.
Mientras, la ofensiva judicial contra los responsables se internacionaliza. El presidente francés, Jacques Chirac, apadrina la apertura de una investigación judicial en el Tribunal de Brest (Bretaña) «con el fin de que los responsables de esta catástrofe ecológica sean perseguidos y sancionados». La causa excluye de momento a las autoridades españolas que ordenaron el alejamiento del buque y se centra en el propietario del buque y el fletador de la carga, de cara a las indemnizaciones a los afectados de la costa francesa.

(Redaccion La Voz)